Me contaba el fiscal de medioambiente de la Audiencia Provincial que estaba encontrando obstáculos para instruir la causa de chalés ilegales en el Megatín. Consideraba que había interferencias políticas encaminadas a que se cerrase el caso, pero que no le influyeron para terminar con la instrucción, extraer las conclusiones e imputar al alcalde, al dueño de las parcelas y a diez propietarios de viviendas ilegales. Aquel arrojo del fiscal ha quedado en agua de borrajas. El caso se ha archivado.
Lo que supone un respiro para quienes se tenían que sentar en el banquillo, es un desencanto para quienes creen que la justicia debe actuar. Las viviendas siguen ahí, pero el delito ha desaparecido. Desde que la Guardia Civil, hace seis años, decidió actuar en la sierra de Torredelcampo contra los chalés ilegales imputando a 47 personas, hasta el archivo del caso sin un solo condenado, se han sucedido tres aplazamientos, la muerte del principal inculpado y la redacción de unas nuevas normas que posibilitan legalizar las construcciones donde antes no era posible porque había una cañada real y un espacio protegido. Por el arte de la política, ni cañada, ni valor ecológico serán obstáculo para que lo construido bien construido esté. Llama la atención que un supuesto delito deje de serlo; a pesar de que cuando se cometió lo era, ya no lo es. Con este final es explicable la sensación de inutilidad que tienen los agentes de las fuerzas de seguridad que persiguen ilegalidades, los fiscales que pretenden que quienes delinquen paguen y la sociedad que percibe que algunos delitos quedan impunes.
Una alegría para los afectados y un desencanto más para los ilusos.